Las autoridades antimonopolio italianas instan a la televisión pública a dividirse en dos sociedades

La Autoridad Antimonopolio italiana ha remitido un informe sobre el mercado televisivo italiano por el que se solicita la división en dos sociedades de la televisión pública RAI, una dedicada a ‘la obligación de servicio público general’ y la segunda, a las emisiones de ‘carácter comercial’. Una decisión que debería materializarse antes de la privatización de la cadena, y previamente a su salida a bolsa, al menos en un 20% del capital, anunciado para la próxima primavera.

La autoridad para la competencia italiana dio ayer unas indicaciones para llevar adelante el proceso de privatización parcial de la empresa de televisión publica RAI de la que es propietaria el Gobierno de centro-derecha de Silvio Berlusconi con un 99,56% de las acciones. Según el organismo la primera sociedad debería financiarse exclusivamente con los ingresos proporcionados por el canon o licencia televisiva que pagan los abonados, mientras que la segunda se financiaría de los ingresos obtenidos por la publicidad, y además su capital debería salir a bolsa, o en su defecto establecerse a priori ‘unas reglas de gobierno corporativo que aseguren un control efectivo sobre la actividad del equipo directivo del medio de comunicación’. Este modelo sería muy similar al que rige en Reino Unido con la BBC, según señala el propio informe.

La privatización de la RAI dio que hablar la pasada primavera cuando se empezaron a oír las primeras referencias a la conocida como “Ley Gasparri” en honor al ministro de Comunicaciones italiano, lo que suscitó gran polémica en Italia. La ley fue rechazada por el presidente de la República Carlo Azeglio, que no quiso promulgarla por considerar que favorecía al magnate Berlusconi. Según la oposición esta privatización suponía un beneficio para Silvio Berlusconi y no para los ciudadanos. Sin embargo el Senado aprobó definitivamente su promulgación que afectaría a los ingresos de los grandes grupos de comunicación y a la evolución digital del país.

La nueva ley estipulaba que ninguna empresa pueda superar el 20% del Sistema integrado de Comunicaciones que controla la publicidad. Esto permitía un aumento en unos 2.000 millones de euros la cuota de mercado, cuando, según las leyes italianas el límite de publicidad máximo para la televisión se situaba en el 18% sin contar los espacios de televenta. Además se obligaba a la RAI a hacer llegar la emisión digital al 70% de los hogares italianos, favoreciendo la privatización del ente público al vender el 10% del capital. Además la privatización parcial, aprobada finalmente el pasado mes de septiembre, establecía la obligación de desarrollar la tecnología digital antes del 2006, algo que, sin embargo, sí respaldó el Antimonoplio.

A pesar de las críticas, hace diez días se firmó el acto de fusión entre RAI Spa y RAI Holding, que constituye el primer paso en el proceso de privatización de la empresa, y que deberá materializarse antes del 18 de marzo a través de una OPV.

Por otra parte, el informe señala que sería ‘deseable’ que la sociedad pública Auditel, encargada de medir las audiencias televisivas, fundamentales para los ingresos publicitarios, pase a ser controlada por un gestor privado que no tenga intereses en el sector.