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El Defensor del Pueblo denuncia el incumplimiento de la fusión digital y critica el ‘abono social’ de Telefónica

miércoles 22 de octubre de 2014, 12:37h
Enrique Múgica pone su punto de mira en las nuevas tecnologías. Por una parte en la Memoria del 2003 denuncia el incumplimiento de las condiciones para la fusión de las plataformas digitales. Por otra, ha mostrado su ‘desacuerdo’ a los conocidos como ‘bonos sociales’ de Telefónica, que exige que la renta familiar no exceda el salario mínimo profesional para disfrutar de la rebaja en la cuota de abono telefónico.
El Defensor del Pueblo ha presentado su informe anual en el que no denuncia una serie de irregularidades en lo que a nuevas tecnologías se refiere. En el apartado dedicado a la televisión denuncia que no se cumplen las condiciones referidas la fusión de las plataformas digitales, destacando ‘las condiciones relativas a la prohibición a Digital+ de subir la cuota durante tres años’. Una situación que ha abierto una investigación ante la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, por incumplimiento de los preceptos aprobados por el Consejo de Ministros en noviembre de 2002. Estas condiciones contemplaban la prohibición de una subida de precios por encima del IPC durante los tres años posteriores a dicha aprobación, y que ahora no se cumple. También el Defensor del Pueblo hizo referencia a las localidades que no reciben adecuadamente las señales de televisión, en una búsqueda de soluciones.

Por otra parte, Mújica ha manifestado su ‘desacuerdo’ por las condiciones de acceso al bono social de Telefónica. El Ministerio de la Presidencia aprobó una reforma en la que se contemplaba el umbral económico de acceso el equivalente al salario mínimo interprofesional, en lugar de la pensión mínima de jubilación con cónyuge a cargo, lo que significó la "expulsión de miles de beneficiarios".

En este sentido, Múgica afirma que esta reforma "lejos de incrementar la capacidad redistributiva del abono social y de constituir una mejora para el colectivo de pensionistas al que se pretende proteger, ha tenido el efecto contrario, al privar de sus beneficios a un volumen importante de ciudadanos que venían disfrutando del mismo".

Por ello, el Defensor del Pueblo ha pedido una modificación de estas condiciones de acceso ante la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información y la Subsecretaría del Ministerio de la Presidencia.
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