La ministra de Sanidad, Mónica García, ha lanzado una campaña para combatir el estigma y la culpa asociados al aborto, enfatizando que todas las decisiones sobre la interrupción del embarazo merecen respeto, independientemente de las emociones que puedan generar. La iniciativa busca garantizar que las mujeres tengan acceso a información y atención sanitaria adecuada, destacando que en 2024, un alto porcentaje de abortos se realizaron en centros privados. García subrayó la necesidad de mejorar la organización y formación en el sistema sanitario público para asegurar el derecho al aborto y criticó la falta de avances en el registro de objetores de conciencia en Madrid. La ministra reafirmó que cada mujer tiene derecho a recibir apoyo y respeto en su decisión sobre el aborto.
La ministra de Sanidad, Mónica García, ha dado a conocer una nueva campaña destinada a erradicar la culpa y los juicios que aún persisten en torno a la interrupción voluntaria del embarazo. Esta iniciativa busca reivindicar el derecho de las mujeres a recibir información adecuada, acompañamiento y atención sanitaria respetuosa con su decisión de abortar. En sus palabras, «no hay una sola forma de vivir y contar el aborto. No hay que demostrar sufrimiento para que la decisión merezca respeto».
García ha subrayado la diversidad de experiencias que enfrentan las mujeres en relación al aborto: «Hay mujeres que sienten alivio. Hay mujeres que sienten tristeza. Hay quienes tienen dudas y quienes lo tienen claro desde el principio. Una misma mujer puede atravesar emociones distintas. Y todas merecen ser escuchadas y atendidas con el mismo respeto». La ministra enfatizó la importancia de poder hablar sobre el tema o mantenerlo en la intimidad, así como la necesidad de apoyo en diferentes momentos del proceso.
La campaña también se dirige a aquellos responsables de garantizar este derecho dentro del sistema sanitario. Según datos recientes, en 2024, casi el 80% de las interrupciones voluntarias del embarazo se llevaron a cabo en centros privados, siendo más del 99% en la Comunidad de Madrid. «La sanidad pública debe estar preparada para atenderte cuando decides ser madre, durante tu embarazo y tu parto, y también cuando optas por interrumpir un embarazo», afirmó García.
Para lograrlo, es fundamental contar con una adecuada organización, formación del personal sanitario y circuitos claros que faciliten el acceso a información sobre los métodos disponibles. Además, insistió en que «la objeción de conciencia es un derecho individual que debe organizarse de manera compatible con el acceso efectivo al aborto».
En este contexto, García hizo referencia al registro de personas objetoras de conciencia en la Comunidad de Madrid. A fecha del 1 de septiembre, el Ministerio ha constatado que Madrid «no ha avanzado más allá de comenzar los trámites iniciales para crear dicho registro». Por ello, Sanidad ha solicitado a la Abogacía del Estado que implemente las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de las resoluciones judiciales pertinentes.
«El sectarismo de un gobierno autonómico nunca puede convertirse en un obstáculo para ejercer un derecho reconocido por la ley», concluyó García durante su intervención.
Al finalizar su presentación, la ministra recordó que cada mujer enfrenta la interrupción del embarazo con experiencias únicas. Sin embargo, reiteró que la respuesta del sistema sanitario debe ofrecer una certeza fundamental: «Tienes derecho a recibir atención y a que se respete tu decisión. Tienes derecho a abortar. Tienes derecho a hacerlo en la pública. Y estará bien».
El objetivo de la campaña es combatir la culpa y los juicios que rodean a la interrupción voluntaria del embarazo, así como reivindicar el derecho a recibir información, acompañamiento y atención sanitaria respetuosa con la decisión de abortar.
La ministra ha señalado que no hay una sola forma de vivir y contar el aborto, y que cada mujer puede experimentar diferentes emociones como alivio, tristeza o dudas. Todas merecen ser escuchadas y atendidas con respeto.
La ministra ha indicado que en 2024, casi ocho de cada diez interrupciones voluntarias del embarazo se realizaron en centros privados. Ha enfatizado que la sanidad pública debe estar preparada para atender tanto a quienes desean ser madres como a quienes deciden interrumpir un embarazo.
Es necesario contar con organización, formación, profesionales suficientes, circuitos claros e información sobre los métodos disponibles para garantizar una atención adecuada.
La objeción de conciencia es un derecho individual que debe organizarse de manera compatible con el acceso efectivo al aborto.
La ministra ha mencionado que Madrid no ha avanzado en la creación del registro de objetores y ha solicitado medidas para asegurar el cumplimiento de las decisiones judiciales relacionadas con este tema.
Mónica García ha recordado que cada mujer tiene derecho a recibir atención y a que se respete su decisión respecto al aborto, enfatizando que tiene derecho a hacerlo en el sistema público y que estará bien.