El Ministerio de Derechos Sociales y Consumo de España ha impuesto una multa de 64 millones de euros a Airbnb por anunciar viviendas turísticas sin licencia. La sanción, que es firme tras resolver un recurso interpuesto, se debe a la publicación de más de 65,000 anuncios que incumplen normativas autonómicas al no incluir el número de registro correspondiente y por prácticas comerciales desleales. Además, se han identificado infracciones leves relacionadas con la falta de información sobre los anfitriones y la obstrucción a las inspecciones. Esta acción forma parte de los esfuerzos del gobierno para abordar la crisis de vivienda en el país.
El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha impuesto una multa de 64 millones de euros a la plataforma de alquiler de viviendas turísticas Airbnb. Esta sanción se debe a la publicación de anuncios de alojamientos turísticos sin la licencia correspondiente, entre otras irregularidades. La resolución es definitiva y agota la vía administrativa tras el recurso interpuesto ante el ministro de Consumo, Pablo Bustinduy.
Además de la cuantiosa multa, se han establecido dos sanciones accesorias que obligan a Airbnb a corregir los incumplimientos detectados. Esto incluye la eliminación de los anuncios ilegales y la obligación de hacer pública la multa impuesta. En total, se han identificado 65.122 anuncios que infringen las normativas de consumo vigentes.
Las infracciones que han llevado a esta resolución incluyen prácticas comerciales desleales hacia los consumidores. Entre estas prácticas se encuentra la publicación de anuncios sin licencia, lo cual contraviene diversas normativas autonómicas que exigen el número de registro en la publicidad. También se han encontrado anuncios con números de licencia falsos o engañosos y falta de información veraz sobre los anfitriones.
La sanción por infracción grave asciende a 64.055.311 euros, cifra equivalente a seis veces el beneficio ilícito obtenido por Airbnb durante el tiempo en que los anuncios permanecieron activos, desde el apercibimiento del Ministerio hasta su retirada. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ya había respaldado previamente las órdenes emitidas por el Ministerio.
Entre las otras infracciones señaladas se encuentra el incumplimiento del régimen contractual para alquileres a distancia, así como la obstrucción a las funciones informativas e inspectoras del Ministerio. Estas acciones han resultado en sanciones adicionales leves, cada una con un importe de 10.000 euros. Por otro lado, el incumplimiento de órdenes provisionales dictadas por el órgano instructor ha sido sancionado con 55.000 euros.
En paralelo, el Ministerio está llevando a cabo otros expedientes sancionadores contra agencias inmobiliarias por posibles prácticas abusivas en la gestión del alquiler. Estas acciones son parte del compromiso del gobierno para abordar la crisis habitacional en España, un problema crítico según Bustinduy.
"Miles de familias viven al límite debido a la situación del mercado inmobiliario, mientras unos pocos se enriquecen con modelos que expulsan a las personas de sus hogares", declaró Bustinduy, enfatizando que "ninguna empresa en España puede estar por encima de la ley".
| Descripción | Cifra |
|---|---|
| Monto total de la sanción | 64.055.311 euros |
| Número de anuncios infractores | 65.122 anuncios |
| Sanción por incumplimiento del régimen de contratos a distancia | 10.000 euros |
| Sanción por obstrucción a la inspección | 10.000 euros |
| Sanción por incumplimiento de medidas provisionales | 55.000 euros |
Airbnb fue sancionado por publicar anuncios de alojamientos turísticos sin licencia, lo que contraviene las normativas autonómicas que exigen indicar el número de registro en la publicidad. La sanción también incluye prácticas comerciales desleales y publicidad engañosa.
Se identificaron un total de 65.122 anuncios en Airbnb que incumplían la normativa de consumo.
Además de la publicación de anuncios sin licencia, se le imputaron infracciones por omitir información sobre la naturaleza jurídica del anfitrión, obstrucción a los requerimientos del Ministerio y el incumplimiento de órdenes provisionales para evitar riesgos a los consumidores.
El Ministerio busca contribuir a atajar la crisis de vivienda en España, abordando prácticas abusivas en el sector inmobiliario y protegiendo a los inquilinos contra posibles abusos.