España se ha adherido a la Carta Internacional de Datos Abiertos, una iniciativa global que promueve la transparencia y la participación ciudadana mediante la apertura de datos públicos. El anuncio fue realizado por el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, durante la IX Cumbre Global de la Alianza para el Gobierno Abierto en Vitoria. Esta carta, firmada por más de 250 gobiernos y organizaciones, busca facilitar el acceso libre a los datos para fomentar soluciones innovadoras y mejorar los servicios públicos. Además, España reafirma su compromiso con estrategias de gobierno abierto y ha aprobado un ambicioso Plan de Gobierno Abierto que fortalecerá la transparencia y rendición de cuentas en las administraciones públicas.
En un significativo paso hacia la transparencia y la participación ciudadana, España ha formalizado su adhesión a la Carta Internacional de Datos Abiertos. El anuncio fue realizado por el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, durante la clausura de la IX Cumbre Global de la Alianza para el Gobierno Abierto, que tuvo lugar en Vitoria.
La Carta Internacional de Datos Abiertos es una iniciativa global respaldada por más de 250 gobiernos y organizaciones civiles. Su principal objetivo es fomentar la apertura de datos públicos con miras a mejorar aspectos como la transparencia, la innovación y la rendición de cuentas. Según López, esta adhesión busca promover el acceso libre a los datos, lo que facilitará soluciones innovadoras que optimicen los servicios públicos y estimulen un desarrollo económico inclusivo.
Durante su intervención, el ministro destacó algunos logros del Gobierno español en este ámbito. “Hemos confirmado nuestro apoyo a la estrategia de Estado Abierto junto a la OCDE”, afirmó. También mencionó la aprobación del quinto Plan de Gobierno Abierto, considerado el más ambicioso hasta ahora, que establece una hoja de ruta clara para fortalecer la transparencia y la participación en todas las administraciones públicas.
López también se refirió a la Declaración de Vitoria-Gasteiz, adoptada por gobiernos y organizaciones civiles, que reafirma el compromiso con principios democráticos y una gobernanza abierta. En sus palabras, “Vitoria exige el cese de los ataques al mayor tesoro de la civilización después de la propia vida: la democracia”. Concluyó instando a todos a trabajar juntos para construir gobiernos más abiertos e inclusivos.
Puesta en marcha en 2015, esta carta tiene como finalidad guiar a las entidades públicas hacia políticas de datos abiertos responsables y sostenibles. Promueve que los datos sean publicados proactivamente salvo en casos donde existan razones legítimas para restringir su acceso, tales como cuestiones de privacidad o seguridad.
Además, enfatiza que los datos deben ser oportunos y comprensibles, publicándose rápidamente y actualizándose con regularidad. La iniciativa también aboga por garantizar que los datos sean accesibles y utilizables, disponibles en formatos abiertos sin barreras técnicas o legales. Por último, promueve que los datos sean comparables e interoperables, asegurando precisión y relevancia mediante estándares comunes que faciliten su uso conjunto.
La Carta Internacional de Datos Abiertos es una iniciativa global puesta en marcha en 2015, respaldada por gobiernos, organizaciones y expertos. Su objetivo es guiar a las entidades públicas en la adopción de políticas de datos abiertos responsables, sostenibles y centradas en el impacto social, respetando los derechos fundamentales de la ciudadanía.
El objetivo es promover el acceso libre a los datos para favorecer soluciones innovadoras que mejoren los servicios públicos y fomenten el desarrollo económico inclusivo, así como fortalecer la transparencia, la participación y la rendición de cuentas en todas las administraciones públicas.
España ha reafirmado su compromiso con los principios del Gobierno Abierto, ha confirmado su apoyo a la estrategia de Estado Abierto junto a la OCDE y ha aprobado el quinto Plan de Gobierno Abierto, que establece una hoja de ruta clara para mejorar la transparencia y participación ciudadana.
Se espera que estas políticas mejoren la transparencia, fomenten la innovación, faciliten la rendición de cuentas y promuevan una mayor participación ciudadana en los procesos gubernamentales.