La presidenta de la Corte Penal Internacional denuncia sanciones de EE. UU.
La presidenta de la Corte Penal Internacional (CPI) ha alzado la voz contra los ataques sin precedentes que enfrenta la institución a raíz de las sanciones impuestas por Estados Unidos y Rusia. Estas sanciones se han intensificado tras la emisión de órdenes de arresto contra el presidente ruso, Vladimir Putin, por su papel en la guerra en Ucrania, y el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, por crímenes en Palestina.
Durante su discurso inaugural en la 24ª Asamblea de Estados Parte de la CPI, la jueza japonesa Tomoko Akane afirmó: “Nueve cargos electos -incluyendo a seis jueces- han sido designados para sanciones por los Estados Unidos junto a terroristas y narcotraficantes”. Esta medida ha generado un clima de incertidumbre sobre el futuro de la justicia internacional.
Investigaciones sobre crímenes de guerra en Palestina
Las sanciones estadounidenses son una respuesta a las investigaciones que involucran a Israel por crímenes de guerra y lesa humanidad en territorios como Gaza. Akane destacó que estas acciones han alterado profundamente las vidas personales y familiares de los jueces afectados, limitando incluso su capacidad para realizar transacciones financieras en países miembros del tratado.
Asimismo, Rusia ha emitido órdenes de detención contra nueve jueces y toda la Presidencia de la CPI debido a la orden de arresto contra Putin por deportación ilegal de niños ucranianos. “Estas medidas buscan socavar la existencia misma de la Corte”, advirtió Akane, reafirmando que no cederán ante ninguna presión y que su independencia permanece intacta.
Aprobación mundial para tratamientos contra obesidad
En otro ámbito, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha lanzado sus primeras directrices sobre el uso de terapias GLP-1 para combatir la obesidad, recomendándolas como parte del tratamiento a largo plazo para esta enfermedad que afecta a más de mil millones de personas globalmente. Este respaldo llega en un momento donde hay un aumento notable en la demanda por medicamentos como Ozempic, Wegovy o Mounjaro.
La OMS aconseja el uso de estos fármacos en adultos —excluyendo mujeres embarazadas— siempre acompañados por una dieta saludable y ejercicio físico. El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, expresó su preocupación por el acceso equitativo a estos tratamientos: “Sin una acción concertada, estos medicamentos podrían ampliar aún más la brecha entre ricos y pobres”.
Crisis institucional en Ecuador respecto a derechos femeninos
Expertas de Naciones Unidas han criticado severamente la decisión del gobierno ecuatoriano de eliminar el Ministerio de la Mujer y fusionarlo con el Ministerio del Gobierno. Esta acción es vista como un grave retroceso que podría debilitar las respuestas institucionales especializadas ante la violencia de género y disminuir la visibilidad del problema estructural que representa.
En una carta dirigida al Estado ecuatoriano, las expertas señalaron que esta medida deja a mujeres y niñas en situaciones más vulnerables. Según datos oficiales alarmantes, 65 de cada 100 mujeres han sufrido algún tipo de violencia, cifra que se eleva al 71.8% entre mujeres afrodescendientes y al 64% entre mujeres indígenas. En 2022 se registraron 332 feminicidios, lo que indica una crisis urgente en materia de protección institucional.
Aumento preocupante en víctimas por minas antipersona
Por último, un informe reciente revela un aumento significativo en las víctimas causadas por minas antipersona durante 2024. Se reportaron 6,274 muertes o heridas, marcando el número más alto desde 2020 según datos publicados por la Campaña Internacional para la Prohibición de Minas Antipersona. De estas cifras, 1,945 fueron muertes y 4,325 lesiones; alarmantemente, el 90% eran civiles, incluyendo casi la mitad niños.
El estudio también advierte sobre cinco países europeos —Letonia, Lituania, Estonia, Finlandia y Polonia— que han solicitado retirarse del Tratado contra las Minas Antipersona bajo argumentos relacionados con seguridad nacional. Además, Ucrania busca suspender temporalmente su aplicación del Tratado, algo prohibido según los acuerdos internacionales vigentes.
*Las expertas:
Los Relatores Especiales/Expertos Independientes/Grupos de Trabajo son expertos independientes en derechos humanos, designados por el Consejo de Derechos Humanos. Estos expertos trabajan voluntariamente; no son personal remunerado por ONU ni reciben salario alguno por su labor.