La asociación se queja de que la LISI otorga nuevas competencias de control a aquellas entidades, privadas o públicas, que tengan atribuidas legalmente "funciones de protección" en materias como la salvaguarda del orden público, la investigación penal, la defensa nacional, la protección de la salud pública, el principio de no discriminación por motivos de raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra circunstancia personal o social y la protección de la infancia.

Para la AI, estas restricciones convierten a la LISI en la "Ley de la Censura para Internet", pues vulnera de plano derechos fundamentales como la libertad de expresión, información, opinión y otros, como la libertad de empresa, limitando sus garantías constitucionales.

Argumentan que todas estas materias ya están reguladas por normativas específicas, y siempre en el ámbito de la potestad sancionadora administrativa o judicial. La AI teme que éste sea un primer paso para abordar restricciones más severas, como la de las descargas.