La Problemática Institucional de la Sociedad de la Información en México

Por ello, considerar el punto de vista de las instituciones culturales, nos conducirá a descubrir que el nivel de complejidad aumenta debido a la diversidad de factores sociales, económicos, políticos y culturales que deben considerarse en la construcción de toda sociedad de la información.

Características generales de la sociedad de la información

El término sociedad de la información tiene su origen en los años 60 y aunque aún existe el debate sobre quién fue el primero en proponerlo, si F. Machlup en su libro The Production and Distribution of Kwoledge in the United States de 1962 o los japoneses Jiro Kamishima y Michiko Igarashi en la revista Hoso Asahi en 1964 (Duff, A. S., D. Craig, and D. A. McNeilli. 1996), actualmente es un término aceptado que se emplea tanto en agendas políticas como en trabajos de tipo académico e incluso en el lenguaje cotidiano. Aunque pueden apreciarse divergencias terminológicas, ya que autores como Daniel Bell (Bell, 1994), Anthony Giddens (Giddens, 1997) o Yoneji Masuda (Masuda, 1984) prefieren utilizar la denominación de sociedad post-industrial.

Debido a que el análisis se debe centrar en cuestión de conceptos y no de términos, y de que la comunidad lingüística ha aceptado el término sociedad de la información, utilizaremos este último en nuestro trabajo e intentaremos descubrir el contenido del concepto que éste encierra. En un primer momento encontramos que la sociedad de la información no se refiere a un tipo de sociedad distinta a la capitalista sino que está circunscrita a ella con unas relaciones de producción, distribución, circulación y consumo mercantilistas basadas en la propiedad privada de los medios de producción, la división social y económica que de ella se derivan, y las leyes del mercado que regulan el proceso de producción.

Por otro lado, el concepto analizado designa un tipo de sociedad que ocupa un lugar histórico determinado y unas características que la distinguen de otros tipos de sociedades históricas. Dichas características se pueden identificar tomando como criterio la forma en que la información se produce, se consume y se transmite; la dinámica de su flujo, el modo como aparece, influye y se reflexiona sobre ella en la sociedad, así como el valor que se le otorga.

Para evitar ambigüedades, es importante subrayar que el ser humano como ser histórico que hereda, produce, usa y transmite tradiciones (Heidegger); ser hermenéutico que crea sentidos (Gadamer); ser económico que produce las condiciones materiales de su existencia (Marx); ser simbólico que comprende la realidad a través de formas simbólicas (Cassirer), ser dialógico que actualiza su ser en diálogo con los otros (Habermas); ser político que participa en la arena pública para discutir cuestiones que afectan la vida pública (Aristóteles, Arentd, Habermas) y ser social, SIEMPRE necesita de información para existir y existiendo crea información. Por lo que podríamos calificar al ser humano, utilizando un neologismo, como un ser informacionalLo anterior significa que es falso afirmar que antes el hombre no necesitaba información y es en la sociedad de la información cuando aparece esa necesidad. De ahí que resulte erróneo definir a la sociedad de la información como el tipo de sociedad donde la información resulta indispensable. Lo que sucede es que la “informatibilidad” que permea el mundo humano aparece siempre en circunstancias cada una de ellas contextualizadas históricamente, esto es, se presenta en sociedades, culturas, cosmovisiones, valoraciones específicas, y en ocasiones en algunas de ellas pasa desapercibida.

Así pues, de acuerdo con la forma como la información aparece en distintas épocas del devenir histórico de la sociedad podemos distinguir grosso modo la sociedad de tradición oral, la sociedad de elites privilegiadas con acceso a documentos manuscritos, la sociedad del documento impreso (lectora), y la sociedad de la información.

Este último tipo de sociedad aparece gracias a condiciones económicas, políticas, tecnológicas, sociales y cognoscitivas que se encuentran todas ellas interconectadas y que a su vez son dialécticamente influidas por el fenómeno que determinan. Algunas de estas condiciones a son: relaciones muy cambiantes y dinámicas en la estructura y funcionamiento de la sociedad; el fenómeno de la globalización; la tecnología; las características del mercado moderno; y el elevado nivel socio-económico que distingue a las sociedades más desarrolladas.

Las condiciones anteriores determinan que los individuos para actuar deben de estar, como siempre, informados, pero ahora de manera actualizada y constante; sus instrumentos de trabajo, educación, recreación, formas de hacer política, vida cotidiana, relación interpersonal están permeados por la información accesible por medios tecnológicos.
Ésta se convierte en el elemento unificador de la sociedad contemporánea. Al mismo tiempo la realidad social descrita condiciona una cultura informacional que es por un lado, la representación de ese mundo informatizado tecnológica y mercantilmente y por otro, una interacción dicho mundo de acuerdo con su representación. A su vez ambos elementos influyen de manera inversa en las condicionantes arriba mencionadas, creando un movimiento en espiral, porque la sociedad de la información existe gracias a las cinco condiciones citadas, pero a su vez estimula y orienta el desarrollo de las mismas.

Así pues, si consideramos que la sociedad es la trama de relaciones sociales y un conjunto de instituciones, entonces podemos decir que la sociedad de la información desde el enfoque histórico es el conjunto de relaciones sociales en un espacio social (institucionalidad) altamente dinámico, abierto, globalizado y tecnologizado, que se apoyan y realizan a través de la información; la cual es igualmente dinámica, abierta, globalizada, tecnologizada además de mercantilizada (Rendón: 16).

Ahora bien, una de las problemáticas a analizar dentro de la sociedad de la información es la vinculación de sus características o el modelo que la sustenta con el desarrollo de la vida política de un país. Así, cualquier modelo de este tipo de sociedad debe incluir como soportes que la hagan viable y no solo una utopía, slogan o programa político en turno, unas instituciones con una infraestructura consolidada junto con una responsabilidad jurídicamente determinada. Porque sin ese soporte básico, corre el inevitable riesgo de convertirse en un acción vacía que ve el desarrollo de sistemas deshumanizados y deshumanizantes sin referencia a la sociedad, por la cual y al servicio de la cual existen. Esto puede llegar a suceder si la sociedad de la información dispone de ingentes recursos, pero al mismo tiempo carece de continuidad, metas y objetivos que puedan evaluarse por la comunidad para la que fue diseñada.

A nivel internacional se han desarrollado diversos modelos de sociedad de la información, locales, nacionales y regionales en donde pueden identificarse diversas características como la rendición de cuentas, la efectividad de la acción pública a través de servicios institucionales y por supuesto la disponibilidad de información electrónica que ha evolucionado desde la saturación de servidores mundiales hasta el diseño y programación de contenidos digitales1.

Este último punto en particular, es un tema focal de la sociedad de la información, en tanto que involucra el desarrollo de las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC), la posibilidad económica del gobierno para implementar dichas tecnologías, así como las diferentes formas de acceder a la información. De esta manera, descubrimos que la disponibilidad de información a través de medios tecnológicos y el desarrollo de la democracia confluyen en la sociedad de la información debido a que, por un lado, el modelo democrático es tomado como la forma ideal de gobierno y como el más apropiado para una sociedad de la información, y por otro, la posibilidad de acceso y uso de información son factores esenciales para la participación de los ciudadanos en la vida pública de la sociedad, y por ende, en la actualización de la democracia como forma de gobierno.

Debido a esta confluencia es que resulta pertinente la reflexión sobre los derechos que un Estado debe garantizar a los ciudadanos para que éstos puedan participar en la sociedad de la información. Dicha participación depende de la existencia de condiciones institucionales en donde dichos derechos no solamente estén garantizados sino se puedan ejercer puntualmente. De ahí que esta reflexión nos conduzca directamente al terreno de los derechos, y por la problemática que analizamos, de unos derechos especiales: los culturales.

Derechos culturales, sociedad de la información e instituciones
Como hemos mencionado, una de las características esenciales de la sociedad de la información es la posibilidad de los ciudadanos de tener acceso efectivo a la información pública y por tanto, se deben considerar todos los medios e instrumentos que garanticen ese acceso. Entre estos últimos se encuentran las instituciones culturales como las bibliotecas y los archivos, por lo que cualquier modelo de sociedad de información debe definir la función, responsabilidad y alcance de las mismas. Sin embargo, en ocasiones dichas instituciones no son incluidas en el modelo de sociedad de la información, ya que se considera como información pública solamente aquella que es generada por la actividad del gobierno y, por consecuencia se planean las políticas informativas sólo en función de ésta: se pone a su disposición toda la tecnología e infraestructura, e incluso se emiten leyes específicas que regulan su disponibilidad, pero se olvida a otras clases de información que también debe ser tomadas en cuenta para que el ciudadano goce de todos sus derechos, incluyendo los culturales.

Así pues, el modelo democrático y los factores que lo soportan, incluyendo instituciones y valores, son factores determinantes que deben ser incluidos en las características de la sociedad de la información. Sin embargo existe la discusión entre los teóricos de la democracia sobre cuáles son esos factores que identifican a la democracia. Por un lado encontramos pensadores que resaltan la presencia de valores e ideales como elementos distintivos de la democracia (Pía Lara. 1992; Lechner. 1986) y por otro, se encuentran los politólogos de la llamada visión procedimental que señalan a propiedades capaces de ser verificadas empíricamente y cuantificables como características específicas de la democracia. (Dahl. 1997; Downs. 1973; Buchanan y Tullock. 1980; Schumpeter. 1984).

La primera visión tiene la desventaja de que se concibe a la democracia como un proceso continuo y permanente que nunca se logrará concluir, por lo que no se puede hablar de sociedades democráticas en un sentido estricto; mientras que la segunda visión elimina de su análisis, debido a su afán positivista de realizar estudios totalmente objetivos, el factor de los sujetos, y el tipo de variables tan difíciles de ser controladas e incluso definidas como la libertad, los valores, intereses, sentidos, que ello conlleva, como elementos centrales de la democracia.

Existe una tercera posición para la que la democracia es la combinación de elementos reales e ideales. (Cansino. 1996; Rendón. 1997; Sartori. 1969). La democracia contemporánea, como representativa y liberal, se fundamenta en leyes, instituciones, división de poderes y ciudadanos. Si se limita la visión a los tres primeros elementos se tiene un enfoque estructuralista, donde las personas no son importantes, sino lo son los sistemas que actúan de manera natural. Sin embargo no se puede negar que sin la participación de los sujetos, como ciudadanos, es imposible hablar de un sistema democrático porque son ellos los que dan vida a las estructuras vacías.

Si la democracia es de acuerdo con Montealegre (1999)2 la preocupación de proteger un núcleo de derechos humanos, o con Habermas el llegar al consenso sobre cuestiones públicas a través del diálogo en el espacio público, es condición necesaria que cada sujeto quiera proteger los derechos humanos y elija el diálogo como opción política, renunciando al interés de dominio e intolerancia a favor del entendimiento, del acuerdo y del pluralismo. De esta manera se descubre que la acción que es condición para la democracia: la aceptación del diálogo y del alter, es una acción moral, es decir, una elección libre y consciente, que puede hacerse o no hacerse. En efecto, la simple posibilidad de la misma elección abre el camino para poder elegir lo contrario: la negación del diálogo y de la alteridad. De paso, cabe mencionar que es en este momento cuando se hace evidente la conexión, vista ya desde Aristóteles, entre la esfera política y la esfera ética-axiológica.

La deliberación y la elección mencionadas se realizan cada vez que se lleva a cabo una acción política, es decir, cada hombre que entra a la escena política debe hacer esa elección, siempre con la posibilidad de que tal vez elija el diálogo o tal vez opte por la dominación. Ese momento ético explica la continua construcción de la democracia y su propiedad inherente de ser algo inacabado. Mientras se realice una nueva acción política, ya sea por un nuevo hombre o por un viejo político, la democracia siempre estará abierta, porque ese nuevo hombre o ese viejo político la está actualizando.

De ahí que el estructuralismo no logre explicar totalmente el fenómeno de la democracia, y también de ahí que la teoría desarrollista que se tenía en los años 60 y que ligaba el desarrollo económico de una sociedad a su desarrollo democrático fracasara. Se puede obtener el máximo desarrollo económico, se puede tener un alto grado de educación de la población (la Alemania nazi no era precisamente un país de analfabetas), pero si la acción volitiva es por el conflicto, no interesa la posición económica, el conocimiento: la democracia no se da. Es en ese momento cuando deben intervenir los elementos formales de la democracia.

La sociedad se tiene que defender y actuar en contra de elecciones no éticas que le den la primacía al no-diálogo, que opten por ver al sujeto como objeto y deseen dominarlo y manipularlo. Por lo tanto, se deben tener los mecanismos necesarios para obstaculizar o castigar esas acciones, surgiendo de esta manera la democracia como procedimiento.

Finalmente, es preciso señalar que los valores sobre los que se construye una democracia descansan en una realidad ontológica que es el Nosotros, por lo que al mismo tiempo a partir de este último se desprenden, por un lado principios universales que cuidan la existencia y el desarrollo de ese Nosotros, y por otro, principios que reconocen y resguardan la diferencia y pluralidad de los integrantes de ese Nosotros.

La construcción de cualquier sociedad de la información depende de la comprensión de la idea que un colectivo tenga sobre la misma .El contenido de esa idea va surgiendo a partir de los avatares históricos de cada sociedad; por lo que en última instancia es ese proceso quién determina las características y las aspiraciones de esa sociedad de la información.

Por norma general, la estructura y funcionamiento de la sociedad está determinada por los derechos reconocidos a los ciudadanos. En los estados que se reconocen democráticos se toman en consideración los derechos humanos inherentes a la naturaleza del hombre y los derechos culturales y sociales, como derechos programáticos (Dorantez Díaz), es decir son derechos que evolucionan gradualmente y se implementan de la misma manera según evoluciona la comprensión social de los mismos.

De esta manera, los derechos culturales van siendo garantizados en cada sociedad mediante la construcción de estructuras jurídicas e institucionales que permiten a los individuos ejercer un derecho que no solo se les ha reconocido sino además se les ha fomentado. Un caso particular de esas estructuras son las instituciones en las que los ciudadanos pueden ejercer sus derechos culturales tales como los archivos y bibliotecas.

No obstante, el problema que debe ser incluido en la reflexión y que afecta a la actividad de estas instituciones es el que se refiere a la identificación y definición de los derechos culturales, entre los que se incluye el derecho a la información. Pero dicho derecho no puede ser reducido únicamente a la información pública gubernamental como se define en nuestra ley sino a la posibilidad de acceso a cualquier tipo de información que se encuentre en esas instituciones.

Es decir, la apreciación del derecho a la cultura debe comprender de manera conjunta el derecho a la educación, el derecho a la información como la posibilidad de recibirla y transmitirla, y el derecho de autor como el espacio de la creación. Simultáneamente es necesario analizar cómo estos derechos coexisten en las instituciones culturales y por ello la exigencia de que el marco jurídico reconozca el papel y la función de esas instituciones en la construcción de la sociedad de la información y, especialmente en la consolidación de una cultura de la misma. De tal forma que bibliotecas y archivos, puedan convertirse en verdaderos espacios sociales de transmisión de los valores democráticos sobre los que se soporta la sociedad de la información.

Panorama de las instituciones de cultura en México
Reflexionar sobre instituciones culturales, implica necesariamente traer al espacio de la reflexión, aspectos tales como leyes culturales y patrimoniales, función social de las instituciones y responsabilidades de las mismas. Por norma general estos aspectos forman parte de políticas públicas y por tanto es posible delinear su contenido en relación directa a lo que las leyes establecen para definir tanto a las instituciones de cultura como a sus responsabilidades.

Desde esta perspectiva jurídica el panorama nos muestra que en nuestro país la definición legal a la que nos referimos parte solamente de la comprensión de servicios operativos que estas instituciones deben ofrecer a la ciudadanía sin considerar la función social que deben cumplir de acuerdo a su naturaleza. Esa visión limitada no permite identificar claramente la problemática institucional que se deriva de esos servicios. La información como tal, interesa a la institución cultural desde el momento que se materializa en documentos que deben ser sometidos a un tratamiento específico para estar en posibilidad de ser ofertados a la sociedad.

Esta forma en que es abordada la problemática de la información para definir políticas culturales y por tanto la asignación de recursos, posibilita que la existencia y función de instituciones culturales tan emblemáticas, como archivos y bibliotecas, se realice sin un adecuado marco legal que les permita ir adaptando ese entorno jurídico a sus funciones que día a día van evolucionando y a los servicios de información que la propia sociedad demanda. Lo anterior propicia que se mantengan ciertos espacios legales que por aplicación de políticas culturales han dejado de ser funcionales. Por ejemplo, la responsabilidad funcional de la Dirección General de Bibliotecas Públicas se realiza a través del Consejo Nacional para la Cultural y las Artes, pero jurídicamente esa función se le entregó a la Secretaría de Educación Pública.

Efectivamente la cuestión legal que atañe a archivos y bibliotecas en México, sólo representa una parte del inmenso problema que estas instituciones enfrentan cotidianamente para ofrecer servicios de información. El texto del Programa Nacional de Cultural que emprendió el gobierno en turno, reconoce que “plantear un modelo de política cultural para el México de hoy exige reformular el marco jurídico y administrativo de los organismos nacionales de cultura, hacerlo más coherente y actualizado; proponer una legislación que sustente una auténtica política de Estado en materia de cultura”3.

Es decir, existe conocimiento de esta problemática legal e incluso intenciones de resolverla. Pero, a la fecha no se ha abierto un foro de discusión en donde archivos y bibliotecas, de carácter federal y estatal, tanto públicas como privadas, puedan verter sus opiniones sobre aspectos que necesariamente les afectarán a mediano y a largo plazo. De ahí, que no resulte extraño que la aprobación de la denominada ley de transparencia, no haya incluido un aspecto tan relevante y necesario, como las instituciones que no sólo custodian la información de la administración pública sino que la organizan y sistematizan en ocasiones con escasos recursos tanto materiales como humanos.

Por tanto, como habíamos dicho es importante considerar la realidad material del problema de la información, porque la ley exige a las instituciones que oferten la información de forma pública sin considerar si cuentan con todas las condiciones necesarias para realizar esta tarea. En nuestra opinión, esta manera de comprender y enfrentar un problema fundamental para el desarrollo democrático del país tiene que ver tanto con un desconocimiento de la realidad institucional de la información, como con una escasa reflexión sobre el nudo institucional creado por los textos legales vigentes que no deja ver con claridad las competencias y por ende las responsabilidades institucionales.

Por ejemplo, no se observa el problema que conlleva la reproducción de la información como actividad inherente en la sociedad de la información y que necesariamente afecta a otro tipo de derechos como los institucionales o patrimoniales. Lo anterior resulta más relevante si se considera que ese tipo de sociedad tiene entre sus peculiaridades más distintivas la oferta de información electrónica en portales de acceso.

Es decir, tanto los aspectos legales como técnicos y tecnológicos deben prever lo que afectará a la socialización de la información que se pone a disposición pública. Esta última idea también se reconoce en el Programa de Cultura anteriormente citado, ya que expresa que “lo propio, lo específico de la ciudadanización de la política cultural es que reconoce la centralidad de los intereses y la participación de los ciudadanos en los procesos de creación, promoción y difusión de la cultura. Por tanto, la ciudadanización como estrategia de política cultural sólo es viable bajo un régimen que se comprometa con los valores y las prácticas de la democracia”4.

Sin embargo, desde nuestro punto de vista la ciudadanización debe tener como condición sine qua non un proceso de socialización de la información misma y de los usos que se haga de ella por parte de los sujetos para consolidar valores democráticos. Precisamente estos valores son los que ayudan a orientar el trabajo de las instituciones, cuestión no del todo superflua ya que los valores “no son fácilmente transmisibles y, comoquiera que se pierden fácilmente, cada nueva generación tiene que aprenderlos de nuevo”5.

Hasta el momento, el análisis que se ha realizado sobre la sociedad de la información se queda en un nivel funcional y estructural. Consideramos que la reflexión debe elevarse hasta el nivel de la cultura como forma eminentemente humana de creaciones espirituales, entendidas éstas como creaciones de sentido, visiones del mundo y valores sobre los que se soportan la cotidianidad.

Es decir, la sociedad de la información incluye una cultura que se debe de caracterizar por la conciliación de formas de apreciación de distintos grupos sociales, por permitir coexistir al universalismo dado por la globalización con las visiones locales o regionales dadas por el devenir histórico de cada comunidad. Esta situación que está presente en los modelos de sociedad de información de otros países, en el nuestro tiende a separar la democracia del factor cultural como unidades no relacionadas del mismo proceso.

De ahí que no se comprenda el valor de la institución como espacio de construcción social. Por el contrario, se tiene la tendencia a “pensar que las instituciones funcionan por así decir con piloto automático y garantizan los derechos al margen de las sociedades y de sus culturas políticas”6.

De tal forma se deja a las instituciones que resuelvan de la mejor manera que les sea posible su participación en la sociedad de la información. En consecuencia no se llegan a integrar políticas nacionales y estatales que gradualmente diseñen la estructura institucional para que la sociedad de la información sea una realidad en donde los grupos sociales sepan o aprendan a participar, utilizando los recursos de información que tienen a su disposición sin crear conflictos de ninguna naturaleza.

El mundo institucional y la sociedad de la información en México: relevancia de archivos y bibliotecas
El espacio de las instituciones de cultural en México no es un asunto fácil de presentar por la complejidad jurídica y social que se ha creado para éstas. Las instituciones que denominamos culturales son básicamente de cuatro tipos: archivos, bibliotecas, museos y espacios educativos relacionados con el panorama cultural. Como ya hemos aclarado, el problema legal parece estar relacionado con un escaso conocimiento y por tanto con una reflexión parcial sobre el problema que viven estas instituciones. La problemática implica considerar desde los recursos necesarios para realizar las tareas que se les encomiendan hasta la valoración social que se hace de esas tareas.

Desde 1988 el Estado mexicano decidió agrupar a las instituciones y actividades relacionadas con el panorama cultural del país bajo la tutela del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Este consejo (CONACULTA) es considerado como un “órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública [SEP] que ejercerá las atribuciones de promoción y difusión de la cultura y las artes”7. Esta institución sustituye en funciones a las que ejercía la Subsecretaría de Cultura de la propia SEP.

Sin embargo, el decreto mencionado no modificó la realidad jurídica existente de las instituciones culturales con las que se relacionaba directamente. Aparentemente el problema político y jurídico de la esfera cultural mexicana se podía resolver sustituyendo el nombre de una entidad por otra en las funciones jurídicamente establecidas. Es decir, ahí donde decía SEP ahora se debe leer CONACULTA.

Lamentablemente carecemos de estudios especializados que nos proporcionen un acercamiento a las características generales que tienen las instituciones culturales en nuestro país. Técnicamente CONACULTA debería ofrecer a la ciudadanía información estadística general y específica sobre estas instituciones. Sin embargo, la parcelación de las instituciones culturales derivada de las normas legales se ve reflejada en los espacios de información electrónica que se han diseñado a la fecha.

Por ejemplo, el lugar de los archivos dentro del mundo institucional no parece estar vinculado con el panorama cultural porque todo lo relacionado a estas instituciones se realiza desde un sistema nacional coordinado por el Archivo General de la Nación, el cuál depende directamente de la Secretaría de Gobernación. Queda fuera de este panorama cultural la actividad que se realiza en la Dirección General de Promoción Cultural, Obra Pública y Acervo Patrimonial que depende directamente del Oficial Mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. La misma problemática encontramos en la actividad de la Biblioteca Nacional de México que se encuentra dentro de la estructura de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Si observamos el panorama de la información cultural mexicana que se ofrece en el espacio de la red, descubrimos el desorden estructural y jurídico al que nos hemos referido. Es decir, no se ha aprovechado el espacio virtual como posibilidad de ofertar información cultural de forma ordenada y organizada para la ciudadanía. Pero incluso no se le ha dado el mismo valor a este tipo de información pese a que en algunos casos puede considerarse como “información pública gubernamental” de acuerdo al texto legal que hemos citado. Por ejemplo, la información que se ofrece desde el Instituto Nacional de Antropología e Historia, entidad pública con atribuciones federales, relacionada con los monumentos históricos catalogados es solamente un muestrario de algunos de ellos. Cabría esperar que se ofreciera el catálogo completo de los monumentos históricos8 registrados para cualquier persona que deseara conocer algo sobre este tema, ya que la única información que puede ser considerada privativa del Estado es aquella referida al valor económico del bien cultural debido a que puede prestarse a interpretaciones equívocas.

Ahora bien, a diferencia de otros países el poder legislativo mexicano no ha considerado la relevancia de contar con leyes generales para las instituciones culturales. A la fecha carecemos de un marco jurídico que regule la actividad de los archivos y museos mexicanos. Tampoco cuentan con leyes específicas las cinetecas y fototecas del país, pese a que en los últimos años han cobrado mayor relevancia por la consideración del valor informativo que tienen audiovisuales, películas y fotografías como testimonio de nuestro pasado reciente.

Son las bibliotecas las únicas instituciones que cuentan con una ley específica aprobada en 1988. Sin embargo, esta ley no considera a la institución en su función de lugar de memoria colectiva y por tanto relacionada con el patrimonio cultural de México. Recientemente se ha elaborado una propuesta jurídica para aprobar una nueva ley general para estas instituciones. Sin embargo, ante esta propuesta es necesario plantearse dos interrogantes. En primer lugar qué sentido tiene contar con una nueva ley sin haber evaluado la efectividad institucional y social de la anterior, quizá al realizar este ejercicio se llegaría a la conclusión de que solamente debamos reformar el texto legal vigente. La segunda interrogante se refiere a cuestionar por qué no se considera la acción de CONACULTA en diecisiete años de labor ininterrumpida coordinando el panorama de la cultura en México, ya que la propuesta legal vuelve a recuperar el lugar de la SEP como entidad coordinadora de las instituciones culturales del país.

Esta realidad descrita y analizada afecta necesariamente la función social de archivos y bibliotecas dentro de la sociedad de la información. En otras latitudes estas instituciones han ido cobrando gradualmente mayor importancia en el desarrollo de la sociedad de la información. Esta tendencia puede observarse en dos puntos particulares. El primero consiste en concebir a los archivos y las bibliotecas como lugares colectivos desde donde se ofrecen ciertos servicios públicos y donde se puede observar mayor movilidad de la información. El segundo es que esos servicios se refieren directamente a derechos culturales reconocidos previamente por los Estados.

Si no consideramos la acción social de estas instituciones, es muy probable que en un breve plazo aparezca una confrontación directa entre el ciudadano que demanda un servicio de información garantizado constitucionalmente, y la institución que supuestamente debería cumplir esa demanda pero no lo puede hacer puntualmente, porque no se han realizado las tareas previas: organizar y sistematizar la información previamente compilada.

Conclusiones
En un país como México, donde existen problemas sociales y económicos aún no resueltos, la construcción de la sociedad de la información tal y como se plantea parece una utopía. Evidentemente esta realidad social no puede ser un impedimento para que nuestro país se integre a la globalización de la información, pero debemos trabajar en dos frentes simultáneamente. Por un lado, se debe atacar la injusticia social y la corrupción para construir un modelo de sociedad incluyente, y por otro lado, se debe invertir en la infraestructura necesaria para apuntalar a las instituciones como espacios sociales en donde los integrantes de la sociedad puedan gozar de todos sus derechos, incluyendo los culturales. De esta forma los individuos estarían en posibilidad de convertirse en ciudadanos que participan activamente en la vida pública del país.

Solamente consolidando un modelo de sociedad soportado en valores democráticos con instituciones acordes a ese modelo es que podemos aspirar a transmitir lo construido a las siguientes generaciones. No podemos suponer que contar con leyes e infraestructura institucional nos garantizará de forma permanente una sociedad consciente de que su fortaleza se basa en la comprensión plena de sus derechos pero también de sus responsabilidades. De ahí que contar con leyes eficaces y en concordancia con la realidad institucional necesaria para una sociedad de la información en México sean tan solo el primer paso hacia nuestra participación activa en el complicado mundo contemporáneo.

En dicho mundo la tecnología de la información ha cobrado relevancia, pero no podemos esperar que ese instrumento sea la única condición para que la información se parte de la realidad cotidiana. El hecho de que exista potencialmente sobreabundancia de información, no equivale directamente a democratización de la información.

Como hemos analizado, si en nuestra realidad nacional encontramos una tendencia a elaborar leyes que se sobreponen a otras sin evaluar la eficacia de su trayectoria y una falta de conocimiento de la realidad institucional de la información, entonces tendremos tensiones en un panorama cultural que de por sí ya es complejo.

Finalmente, nos hemos olvidado considerar que el ciudadano es un elemento crucial en todo modelo de sociedad de información. Todo intento de construir un modelo de dicha sociedad, sin considerar el proceso de formación de personas en toda la extensión de la palabra y, que por lo tanto incluye formación política y ciudadana, es querer avanzar hacia el vacío.