El Estatuto del Periodista Profesional a debate en Granada

El grupo parlamentario de IU-ICV presentaba el pasado 23 de noviembre un proyecto de ley que incluía un estatuto periodístico aprobado por el Pleno del Congreso con 175 votos a favor de PSOE, IU, CC, CiU y Mixto, 134 votos en contra del PP y una abstención.

La intención según el documento era regular la profesión periodística en pos de la libertad de expresión y la dignificación de la profesión, ‘garantizando la independencia de los informadores’. El texto pretende ‘reforzar su profesionalidad y consiguientemente la independencia frente a los poderes políticos y económicos’, para lo que se hace necesario una situación estatutaria especial al igual que se hace en los países vecinos, según indicaron sus responsables.

El documento incluye también la regulación del trabajo de los freelance, o periodistas ‘por libre’ y los deberes y derechos de los profesionales de la información más allá de la cláusula de conciencia y el secreto profesional, ya planteados en la Constitución y en los códigos deontológicos actuales. En definitiva, plantea ‘un conjunto de facultades que afirman la independencia frente al poder político y busca un equilibrio con la propia independencia editorial de las empresas informativas’, según sus responsables, ‘compatible con los derechos exclusivos de propiedad intelectual y acorde con los nuevos mecanismos de acceso a través de redes de telecomunicaciones y sistemas informáticos’. Por último también se desarrolla la participación en la orientación editorial a través de los Comités de Redacción y el director ‘como bisagra entre los titulares del poder editorial y la redacción’.

Sin embargo, no siempre llueve a gusto de todos. Entre los puntos más controvertidos del proyecto de estatuto tramitado, se encuentra la creación de un Consejo Estatal de la Información, o su equivalente autonómico, con facultades para expedir carnés que acreditarán la condición de periodista profesional de quien lo posea, y que tendrá carácter sancionador, una potestad que podrá ejercer no sólo sobre el periodista sino también sobre la empresa editora. Discernirá entre violaciones leves, que conllevarán ‘amonestación privada’ o graves del Código Deontológico según tengan o no ‘intención dolosa’, en cuyo caso se puede incluso hacer efectiva ‘la retirada del carné profesional’ entre seis meses y dos años. Las empresas podrán ser sancionadas con multa del uno por ciento de sus beneficios netos, ‘cuando se demuestre que la violación grave de los deberes éticos venga exigida o alentada por la empresa informativa o forme parte de una pauta editorial’, y si reinciden ‘la sanción puede elevarse hasta el 10% de los beneficios netos’.

Algo que no acabó de gustar demasiado a ciertas asociaciones periodísticas como las principales asociaciones de la prensa gallegas, la de Vigo, Lugo, La Coruña y Santiago, que alegaron su disconformidad con el documento. En ese momento la intención era redactar uno alternativo, para lo que contaban además con el apoyo de la Federación de Asociaciones de Prensa de España,(FAPE), que decidió nombrar una comisión específica para debatir esta cuestión.

Ahora el debate se traslada a Granada y el próximo día 15 de organizará un debate sobre el Estatuto Periodístico en el que participarán representantes de las distintas asociaciones de profesionales del periodismo. Entre los asistentes se encuentran el presidente de la FAPE, Fernando González Urbaneja, y los representantes granadinos de la misma, Antonio Mora, Andrés Cárdenas y Eduardo Castro, que estarán encargados de las ponencias.