La prensa española rechaza la directiva europea sobre información económica

La prensa económica española no parece estar muy de acuerdo con la nueva directiva europea sobre Abuso de Mercado (MAD, en sus siglas inglesas). Una ley que ha levantado la polémica en el panorama periodístico nacional al establecer la obligatoriedad de desvelar las fuentes a los supervisores de mercado. Se trata de una iniciativa, que nace con buena intención, ya que el objetivo es poner freno a la utilización de información privilegiada y la manipulación de cotizaciones, pero que es vista como un instrumento de censura por parte de los informadores.

En octubre, España deberá completar la transposición de esta norma que afectará a todos los que difunden información económica incluyendo analistas o agentes de Bolsa.

Para los periodistas revelar las fuentes de su información a los supervisores del mercado (en el caso de España, a la Comisión Nacional del Mercado de Valores) supone romper el secreto profesional reconocido constitucionalmente, por lo que la semana pasada se reunieron con la Comisión en la sede de la Asociación de la Prensa de Madrid par atraer este tema. Desde Europa la solución es simple o se transpone el articulado de la MAD tal cual, o los periodistas deberán autorregularse en unos términos similares a los aprobados en Europa.
‘Aunque se han dado casos de periodismo fraudulento (por ejemplo, la recomendación de invertir en determinadas acciones, en las que más tarde se ha descubierto que había invertido un periodista) estos casos han sido muy pocos’, señaló Francisco Pinto Balsemao, presidente del Consejo Europeo de Editores. Una opinión reafirmada por la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE), que advierte a la Comisión que no confunda a los analistas financieros con los periodistas, ya que los informadores cuentan además con sus propios códigos deontológicos.

Blas Calzada, presidente de la CNMV, dijo respetar el derecho de los periodistas a autorregularse, pero pidió ‘que alguien controle esa autorregulación’. Por su parte, Belén Romana, directora general del Tesoro y Política Financiera, defendió la normativa y recordó que ésta es más flexible con los periodistas que con el resto de agentes que trabajan con información financiera. ‘Creo que se ha llegado a una solución bastante razonable’, afirmó.