Escribir bajo riesgo

No es todo. Los medios han informado de agresiones físicas sufridas por reporteros de distintos, medios, a manos del equipo de seguridad del gobernador de Chihuahua, Patricio Martínez.

Se trata de casos distintos, pero todos bajo un mismo contexto: no existen garantías para el ejercicio de las libertades de expresión y de prensa en Chihuahua, donde el Gobierno del Estado no practica la transparencia e impide el acceso a la información pública.

Por todo lo anterior es urgente actualizar el régimen jurídico en torno a los medios de comunicación en México, para crear instancias que diriman las controversias suscitadas entre los ciudadanos y los medios, entre los medios entre sí, o entre los medios y las autoridades.

Pero sobre todo, para garantizar la integridad de los periodistas y el pleno el ejercicio de las libertades de expresión y de prensa, así como el derecho y el acceso a la información pública.

El crimen de Pepe Ramírez
El viernes 28 de abril de 2002, el reportero y conductor de Radio Net, José Ramírez Puente, de 29 años, fue asesinado de 36 puñaladas, una de ellas en el corazón. Su cuerpo fue hallado la noche del mismo día, en el interior de su vehículo, un Nissan Sentra modelo 1994, el cual estaba estacionado en el cruce de las calles 15 de Septiembre y bulevar Óscar Flores de la colonia División del Norte.

Los peritos de la Procuraduría General de la República, que atrajo la investigación del caso, determinaron que tres de las heridas eran mortales y que las demás fueron para torturarlo. Todas “realizadas por un profesional”.

Al día siguiente del hallazgo de su cadáver, agentes de la Policía Judicial del Estado que inicialmente llevaron la investigación, informaron a la prensa que en la mañana del sábado encontraron en la cajuela del Nissan Sentra ocho paquetes que contenían 10 kilogramos de mariguana. Sin embargo, los investigadores federales no encontraron relación entre los paquetes y la víctima, por lo que presumen que la droga le fue “sembrada” para confundir las indagatorias y desviar la atención del crimen.

El lunes siguiente, cuando el periodista fue sepultado, el gobernador Patricio Martínez declaró a la prensa que el asesinato de Ramírez Puente “no es de ninguna forma un atentado contra la libertad de expresión”. Pero nunca fundamentó su afirmación. Su gobierno no fue capaz de esclarecer el homicidio ni de castigar a los responsables, tampoco ordenó investigar a quienes “sembraron” la droga en el vehículo del reportero, hallada casualmente cuando el auto ya estaba en las instalaciones de la Policía Judicial del Estado.

El periodista estaba casado y tenía un hijo. Trabajó como reportero de Radio Noticias 860, de FM Globo 98.3, del periódico Norte de Ciudad Juárez y antes de su asesinato era conductor del noticiario “Juárez hoy”, de Radio Net.

En mayo de 2002, el delegado de la PGR en Ciudad Juárez, Lorenzo Aquino Miranda, informó que la corporación confiaba en que el único testigo ubicado rindiera su declaración y señalara al presunto autor del crimen. No obstante, el hombre, cuya identidad se mantiene en reserva, huyó a los Estados Unidos. Cuando fue localizado se negó a cooperar con las autoridades.

Apenas al iniciar el presente mes de noviembre, Aquino Miranda, informó que la averiguación previa en torno al homicidio del periodista fue radicada dos meses antes en la Dirección General del Ministerio Público Especializado en la Ciudad de México, por lo que la responsable del área, Irma García Andrade, también lo será en el seguimiento a la investigación.

El homicidio de Pepe Ramírez Puente permanece tan impune como el de Víctor Manuel Oropeza, también asesinado a puñaladas, el 3 de julio de 1991, cuando se encontraba en su consultorio. La investigación del crimen de Oropeza igualmente fue atraída por la PGR.

Un tercer homicidio que ahora es investigado por la PGR es el del periodista José Luis Ortega Mata, asesinado en Ojinaga el 19 de febrero de 2001. En su reporte más reciente, la Sociedad Interamericana de Prensa informa que tras reuniones “con diversas autoridades gubernamentales, se logró que la Procuraduría Federal atrajera bajo su control, como se lo permite la ley bajo ciertas condiciones, las investigaciones sobre el asesinato”, mismo que “permanece aún en la impunidad”.

En los tres casos, conforme avanza el tiempo, se alejan las posibilidades de castigar a los asesinos.

La captura de Antonio Pinedo
La revista Semanario, fundada en 1989, publicó en su edición del 28 de febrero de 2000 un reportaje de portada intitulado “Todo el poder”. En páginas interiores, se detallaba, en base a distintos testimonios y pruebas documentales, la presunta vinculación con el narcotráfico del entonces comisionado de Seguridad Pública, Javier Benavides González, así como algunos de los principales jefes policiacos de Ciudad Juárez.

Benavides presentó una denuncia penal por difamación en contra del director de Semanario, Antonio Pinedo Cornejo, y del reportero Luis Villagrana, autor del artículo. La Procuraduría de Justicia de Chihuahua consignó después el expediente a la juez Cuarto de lo Penal, María Catalina Ruiz Pacheco, solicitando una orden de aprehensión en contra de los periodistas.

El martes 19 de septiembre de 2000, al filo de las 19:00 horas, Antonio Pinedo fue arrestado por agentes de la Policía Judicial del Estado y consignado al Juzgado Cuarto de lo Penal. Fue puesto en libertad al día siguiente, mediante el pago de una fianza por 15 mil pesos, igual que Villagrana, quien compareció voluntariamente ante la juez que ordenó su arresto.

Los periodistas denunciaron que la Procuraduría de Justicia del Estado no les informó oficialmente de la denuncia en su contra presentada por Benavides, ni fueron citados en averiguaciones previas para presentar pruebas a su favor. Por su parte, la juez Ruiz Pacheco giró las órdenes de aprehensión con una rapidez inusitada, pues lo hizo apenas tres días después de haber recibido el expediente.

El 22 de septiembre, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), con sede en Miami, envió una carta al gobernador de Chihuahua, Patricio Martínez García, expresando su preocupación por el encarcelamiento del periodista, acción que calificó como una falta a la libertad de expresión.

En la misiva, el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, Rafael Molina, señala: “Sr. Gobernador, este tipo de incidentes merece analizarse con cautela, pues nos preocupa que cuando se asoma a la palestra pública información que podría relacionar a funcionarios de gobierno a actividades ilícitas, se suele atropellar al mensajero, en vez de investigar las denuncias”.

La SIP cita el artículo 4 de la “Declaración de Chapultepec”, el cual establece que “la prisión injusta de los periodistas coarta severamente la libertad de expresión y de prensa, y estos actos deben ser investigados con prontitud y sancionados con severidad”.

Días más tarde, el 29 de septiembre, el Comité para la Protección de los Periodistas, con sede en Nueva York, envió una carta de protesta al entonces procurador de Justicia del Estado, Arturo González Rascón. Igual que la SIP, el organismo no partidista dedicado a la libertad de prensa en el mundo deplora las irregularidades en el proceso judicial.

En la carta, la coordinadora del Programa de las Américas del CPJ (por su sus siglas en inglés), Marylene Smeets, a nombre del organismo, “pide urgentemente que se aclaren estas presuntas violaciones del debido proceso”.

Smeets escribió al procurador de Chihuahua: “Si bien el CPJ cree que los periodistas deben ser responsables de lo que escriben, creemos que cualquier disputa a raíz de un artículo debe ser resuelta en el ámbito civil, particularmente en los casos que implican a funcionarios públicos, quienes están sujetos al escrutinio y la crítica de los ciudadanos a quienes sirven. La libertad de expresión les está garantizada a todos los mexicanos bajo el Artículo 6 de la Constitución”.
“Nuestra opinión es que penalizar las infracciones relacionadas con la expresión de ideas viola ese derecho fundamental.
“El principio de que en una sociedad democrática debe haber una amplia protección a la crítica de funcionarios públicos es cada vez más apoyado por expertos en derecho internacional. El Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos destaca en su informe anual de 1999 que, en el caso de funcionarios y figuras públicas, las leyes que penalizan la expresión son incompatibles con la protección otorgada a todas las personas bajo la Convención Americana de Derechos Humanos. México ratificó la Convención en 1982”.

Para entonces, Benavides ya había presentado su renuncia al cargo de comisionado de Seguridad Pública en Ciudad Juárez. Los medios difundieron su posible incorporación al equipo de seguridad del presidente electo, Vicente Fox, por sus antecedentes como coordinador operativo del desaparecido Instituto Nacional para el Combate a las Drogas, al inicio del sexenio del presidente Ernesto Zedillo. Pero el escándalo impidió su nombramiento, según publicó la prensa.

Finalmente, la presión internacional obligó a la Procuraduría de Justicia del Estado a solicitar el sobreseimiento del proceso judicial, después de que Javier Benavides anunció que había retirado la demanda por difamación en contra del director de Semanario, Antonio Pinedo, y del reportero Luis Villagrana.

El caso de Rosario Aguilar
El 20 de marzo de 2002, Linda Hemby, Coordinadora Regional de Periodistas Frente a la Corrupción, un organismo con sede en El Salvador que promueve y facilita el papel fiscalizador de los periodistas y medios de comunicación latinoamericanos, envió una carta al gobernador Patricio Martínez, para condenar un incidente a través del cual se cometieron violaciones al derecho a la información y a la libertad de expresión.

El organismo se refirió al caso de la reportera Rosario Aguilar Champo, corresponsal de Televisa, con quien se cometieron “prácticas de censura”. El incidente ocurrió el 15 de febrero pasado y fue protagonizado por la periodista, por la Jefa de Prensa, Diana Silvia Fuentes, además del propio Patricio Martínez.

Durante una conferencia de prensa ofrecida por el gobernador en la Ciudad de Chihuahua, la Jefa de Prensa advirtió en seis ocasiones a la reportera Rosario Aguilar que se abstuviera de preguntar sobre el caso de presuntas amenazas que el procurador de Justicia del Estado, Jesús José Solís Silva, habría formulado en contra de la esposa de un diputado local del Partido Acción Nacional.

La funcionaria estatal insistió a la reportera que sólo podía preguntar sobre una controversia financiera entre el Instituto de la Vivienda y Banobras, el “tema del momento”. Pero la periodista desatendió las advertencias de la Jefa de Prensa y le formuló al gobernador una pregunta en relación a las amenazas supuestamente proferidas por el procurador.

Visiblemente molesto, el gobernador de Chihuahua le contestó: “Oiga, más seriedad, tenga más seriedad con su pregunta”. Y omitió responder al cuestionamiento.

Más tarde, la Jefa de Prensa del Gobierno del Estado de nuevo le advirtió a la reportera que si en el futuro no atendía a sus indicaciones entonces “no podría ayudarle”.

El incidente no quedó ahí. Según el informe de Periodistas Frente a la Corrupción, la reportera comenzó a ser hostigada con el obvio afán de intimidarla: fue seguida en distintos vehículos, su domicilio comenzó a ser rondado por extraños igual que recibió llamadas telefónicas de personas desconocidas.

Por lo anterior, Periodistas Frente a la Corrupción escribió al gobernador Patricio Martínez, en la carta enviada el 20 de marzo: “Los funcionarios públicos tienen la obligación de actuar con transparencia, y esta exigencia implica aclarar ante público los asuntos que en relación a sus atribuciones les competa resolver. En este caso, el Procurador de Justicia del Estado es funcionario designado por Ud., según el romano XXII del Art. 93 de la Constitución Política del Estado de Chihuahua, y por tanto los señalamientos en contra del mismo deben ser retomados por su oficina, la que debe asumir una posición pública al respecto, promover la investigación correspondiente y procurar para que el asunto en cuestión quede totalmente aclarado.
“Por otro lado es una violación al derecho de información y de libertad de expresión que los funcionarios públicos intenten restringir o controlar las informaciones que los periodistas, y los ciudadanos en general, necesiten o quieran tener acceso. Al respecto cabe reiterar que el Art. 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, suscrita por México, además de reconocer el derecho a la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, prohibe la censura previa -tal como lo actuado por su Jefe de Prensa- y el uso medios indirectos para restringir el ejercicio de este derecho.
“Además de los agravios a la transparencia y a la libertad de expresión derivados del incidente contra la periodista Aguilar Champo, nos causa mayor preocupación que luego del mismo ella ha sido víctima de persecución y de asedio -a través de seguimiento en vehículos, rondas por su casa y llamadas telefónicas- por sujetos desconocidos.
“Todos estos hechos antes expuestos -las prácticas de censura de la Jefe de Prensa del Estado y el hostigamiento por sujetos desconocidos- no es la primera vez que ocurren, según los informes que hemos recibido, lo que nos lleva a inferir que se trata de una práctica sistemática lamentablemente alentada desde la más alta esfera del gobierno estatal.
“Por lo anterior, Sr. Gobernador, respetuosamente le pedimos:
“a) El reconocimiento público de su parte que el más reciente incidente de que fue víctima la periodista Aguilar Champo, constituyó una falta a los deberes con la transparencia de los funcionarios públicos y una violación al derecho de información y de libertad de expresión;
“b) Adoptar políticas informativas respetuosas de los deberes y derechos antes referidos, cesando de una vez por todas las acciones tendientes a controlar las agendas de los medios de comunicación y obligándose a responder en todo momento sobre los asuntos que, según las leyes, son de su competencia;
“c) Ordenar una investigación profunda para dar con los responsables de la persecución y asedio en contra de la periodista Aguilar Champo, y abogar para que reciban el castigo merecido”.

Hasta la fecha, el Gobierno del Estado de Chihuahua no ha dado respuesta a ninguna de las peticiones de Periodistas Frente a la Corrupción.

El juicio a Isabel Arvide
Isabel Arvide es la única periodista en México sometida a un proceso penal por el contenido de sus artículos. En junio de 2001 publicó en el Milenio Diario de la Ciudad de México que en el estado de Chihuahua se había establecido un nuevo cártel de la droga, encabezado Jesús José Solís Silva, entonces responsable del Consejo Estatal de Seguridad Pública. “Entre sus miembros destacados figuran empresarios, asesores y amigos de Patricio Martínez”, escribió.

Seis meses después, el dueño del periódico El Diario de Juárez, Osvaldo Rodríguez Borunda, presentó una denuncia penal en su contra por el delito de difamación, debido a que Arvide lo citó en su artículo “como sospechoso de lavar dinero producto del narcotráfico”.

La periodista fue detenida el viernes 16 de agosto de 2002, en el aeropuerto internacional Roberto Fierro de la ciudad de Chihuahua, a donde asistió como invitada especial en una gira de Roberto Madrazo, dirigente nacional del PRI.

La arrestaron agentes de la Policía Judicial del Estado al mando del procurador de Justicia del Estado, Jesús José Solís Silva, el mismo a quien señaló de encabezar un nuevo cártel de la droga. La misma Procuraduría de Justicia del Estado es la que consignó el expediente de la denuncia por difamación al Juzgado Segundo de lo Penal solicitando una orden de aprehensión en su contra.

La periodista salió bajo fianza del Centro de Readaptación Social de Aquiles Serdán el sábado a las 18:20 horas, tras el depósito de una fianza por 100 mil pesos, monto superior a la que suele fijarse a un presunto homicida. Permaneció por casi 24 horas recluida en el penal de alta seguridad.

El miércoles 21 de agosto, al notificarle el auto de formal prisión y el inicio de la causa penal 278/02, el juez Octavio Rodríguez Gaytán, se dirigió a Isabel Arvide con un mensaje que más pareció una lección de ética: “Indudablemente que todos debemos tener más cuidado al realizar nuestras conductas. La manifestación de las ideas y la expresión escrita de ellos es una libertad consagrada por nuestra Constitución que se puede realizar, siempre y cuando se tenga esa limitante, y el hecho de que los periodistas se cuiden en ese ejercicio, yo creo que es para todos cuidarnos de lo que hacemos y de lo que decimos”, dijo el juez.

Por su parte, Milenio Diario, que publicó el artículo de Isabel Arvide a ocho columnas, prácticamente “se lavó las manos” del caso. En una “Nota de la Redacción”, difundida el sábado 17 de agosto a través del sitio www.milenio.com el periódico propiedad de Multimedios Estrellas de Oro señala: “Milenio Diario espera que las autoridades chihuahuenses hayan cumplido con lo previsto en la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos y en las leyes estatales, sobre todo en lo referente a las garantías individuales y de expresión, así como en lo tocante a la integración de una averiguación previa y los citatorios de ley que debieron preceder a la detención de Isabel Arvide, con cuyas afirmaciones puede o no coincidirse pero cuyos derechos deben respetarse íntegramente”.

En relación al delito de “calumnia”, el Código Penal vigente para el Estado de Chihuahua estipula en su artículo 254: “Se aplicará prisión de seis meses a dos años y multa de treinta a cincuenta veces el salario, al que comunique dolosamente a otro la imputación que hace a una persona física o moral de un hecho cierto o falso que le cause o pueda causarle deshonra, descrédito o perjuicio”.

Igualmente, el artículo 255 del mismo Código Penal establece que quedará “exento de sanción el acusado de difamación si prueba la verdad de sus imputaciones”, en los casos siguientes: “Si la imputación hubiera tenido por objeto defender o garantizar un interés público”, “Si el imputado fuera una persona que haya obrado con carácter público y la imputación fuera relativa al ejercicio de sus funciones” y, “Si el hecho imputado está declarado cierto por sentencia firme y el acusado obra por un interés legítimo”.

Por lo pronto, Isabel Arvide, quien radica en el Distrito Federal, deberá presentarse los miércoles de cada quince días ante el Juzgado Segundo de lo Penal en la Ciudad de Chihuahua. En caso de ser hallada culpable, podría ser sentenciada a una pena de seis meses a dos años de prisión. Adicionalmente, el dueño de El Diario exige 50 millones de pesos por la reparación del daño moral causado por la periodista.

La persecución a Norte
El 17 de octubre de 2002, la Procuraduría General de Justicia de Chihuahua, a través del agente del Ministerio Público Sergio Villarreal Arellano, oficializó la mayor persecución judicial de periodistas en la historia de México: solicitó a la juez Cuarto de lo Penal, María Catalina Ruiz Pacheco, órdenes de aprehensión en contra de seis reporteros y del director general de Norte de Ciudad Juárez, como presuntos responsables del delito de difamación.

Los periodistas fueron acusados por el ex alcalde Manuel Quevedo Reyes, actual empresario inmobiliario. Quevedo Reyes interpuso la querella penal en enero 2002, tras la publicación de reportajes sobre el importe de la venta de terrenos de su propiedad al Gobierno del Estado de Chihuahua, para la construcción del fraccionamiento El Mezquital. Según los reportajes de Norte, el precio pagado por el gobierno era superior al del mercado, por lo que funcionarios estatales podrían haber incurrido en corrupción.

Los periodistas incluidos en la causa penal 425/02 son: Óscar Cantú Murguía, editor y director general, así como los reporteros Armando Delgado, Manuel Aguirre, Guadalupe Salcido, Rosa Isela Pérez, Francisco Luján, Antonio Flores y Carlos Huerta.

El ex alcalde, también ex candidato a diputado federal por el Partido Revolucionario Institucional, exige una compensación de 50 millones de pesos y el cierre del periódico.

Los periodistas, por su parte, denunciaron que la Procuraduría de Justicia del Estado no les entregó copia de la denuncia en su contra y no les dio la oportunidad de presentar pruebas a su favor en averiguaciones previas.

El reportaje de Norte de Ciudad Juárez, titulado “Las facturas de Patricio” -que motivó la demanda-, detalla la compra-venta de 220 hectáreas que fueron “expropiadas” a la familia Quevedo por el gobernador Patricio Martínez para la construcción del fraccionamiento El Mezquital.

En junio de 2001, el presidente de la Asociación de Ingenieros Civiles de Ciudad Juárez, Gilberto Komiyama Martínez, declaró que las tierras por las cuales el Gobierno del Estado pagó siete dólares el metro cuadrado a la familia Quevedo, en realidad valían entre dos y poco más de tres dólares.

El ex alcalde de Ciudad Juárez, Manuel Quevedo Reyes, consideró que tales publicaciones afectaron su honorabilidad e imagen pública, por lo que la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chihuahua inició la averiguación previa 947/02-405-SJZN y consignó el expediente ante la juez cuarto de lo penal, María Catalina Ruiz Pacheco, la misma que dos años antes ordenó el arresto de los periodistas Antonio Pinedo y Luis Villagrana.

El 22 de octubre, la organización Reporteros Sin Fronteras, con sede en París, pidió al Supremo Tribunal de Justicia de Chihuahua que no se dicte ninguna orden de aprehensión en contra de los periodistas de Norte de Ciudad Juárez y manifestó su repudió a la consignación penal por parte de la Procuraduría de Chihuahua: “Violando las leyes mexicanas, no se les avisó de los cargos que pesan contra ellos”, indicó.
“Es fundamental para la transparencia de la vida pública que los periodistas puedan seguir denunciando los presuntos actos de corrupción sin arriesgar su libertad”, explicó Robert Ménard, secretario general de Reporteros Sin Fronteras.

En una carta dirigida a Pablo Zapata Zubiaga, presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Chihuahua, Robert Ménard solicitó que no se dicte ninguna orden de aprehensión en contra de los periodistas. También pidió que se respeten sus derechos y que puedan tener un juicio justo e imparcial.

La denuncia de la persecución a Norte de Ciudad Juárez fue incluida en el informe semestral de la Comisión de Libertad de Prensa de la Sociedad Interamericana de Prensa, presentado durante su 58 Asamblea General, llevada a cabo entre el 26 y 29 de octubre en Lima, Perú.

El organismo denunció en su reporte correspondiente a octubre “el Gobierno del Estado de Chihuahua, a cargo de Patricio Martínez, alentó una denuncia penal contra periodistas del diario Norte de Ciudad Juárez, por el cargo de difamación, después de que ese periódico publicara que la administración estatal adquirió de manera ilegal diversos terrenos para beneficio de empresas particulares”.

Días después, el Ministerio Público consignó al Juez Tercero de lo Penal una segunda denuncia por difamación y calumnia, ahora interpuesta por Osvaldo Rodríguez Borunda, presidente y director de El Diario, en contra de Óscar Cantú Murguía y de Rafael Núñez, director y reportero de Norte.

Rodríguez Borunda interpuso su denuncia el 6 de diciembre del 2001. Norte había publicado, el 4 de diciembre de 2001 un encabezado en primera plana que decía: “Arrestan a Dueño del Diario”. El periódico informaba sobre un incidente vial ocurrido en El Paso, Texas.

Según Javier Gómez Ito, representante legal de Osvaldo Rodríguez, entrevistado por El Diario: “... en la publicación del 4 de diciembre el reportero hace referencia a que el quejoso tiene antecedentes por haber golpeado a uno de sus hijos, cuando sabían que el hecho no era cierto. Segundo, comunicó dolosamente información sin considerar las notas periodísticas que ellos mismos aclararon e hicieron públicas”, agregó.

La nota firmada por Rafael Núñez en Norte, señalaba: “esta no es la primera vez que Rodríguez Borunda se mete en problemas con la ley en Estados Unidos, ya que a principios del año pasado fue arrestado dos veces por la policía en menos de 24 horas, luego de que en repetidas ocasiones golpeara a Iván, uno de sus hijos, quien en ese entonces aún era menor de edad (17 años)”.

El abogado señala que Norte incluso había publicado una rectificación sobre el incidente familiar. Como prueba refiere que el 1 de marzo del 2000, en la página 9-B de la sección Frontera, se publicó el encabezado: “Se retracta hijo de Rodríguez Borunda” y en el cuerpo de la nota el reportero Martín Coronado escribió: “ayer, Iván Alexander Rodríguez, hijo de Osvaldo Rodríguez Borunda, propietario de El Diario, dijo en un breve texto en inglés y español, que su padre nunca lo golpeó ni lo amenazó, que todo esto es muy exagerado, refiriéndose a lo dicho por la policía paseña”.

Los acusados han declarado que en sus notas informativas consignaron lo informado por la Policía de El Paso, Texas en relación a los hechos en los que se involucró al dueño de El Diario.

Guardaespaldas contra periodistas
El equipo de seguridad del gobernador Patricio Martínez igualmente se ha convertido en un factor de riesgo para la integridad de los periodistas. Los ejemplos sobran: son documentados por los medios de comunicación pero ignorados por las autoridades.

Por ejemplo, el martes 27 de agosto, guardaespaldas del gobernador de Chihuahua agredieron en Matamoros, Tamaulipas, al corresponsal de la cadena Telemundo, José Norméndez, a quien impidieron que siguiera preguntando acerca de las irregularidades en la investigación de los homicidios de mujeres en Ciudad Juárez.

Los reporteros habían improvisado una rueda de prensa con Patricio Martínez al terminar un foro de la Confederación Nacional Campesina, celebrado en el Centro de Convenciones de Matamoros. El corresponsal de Telemundo aprovechó el momento para cuestionar a Patricio Martínez acerca de las irregularidades en la investigación de los homicidios de mujeres, denunciadas por Organizaciones No Gubernamentales.

El reportero dijo que su televisora tenía pruebas de que se habían desviado investigaciones de algunos de los últimos homicidios, como lo publicaron los medios en la frontera.

Patricio Martínez dijo que las pruebas estarían mal porque su gobierno había heredado el problema y que entre los homicidios recientes había algunos ya esclarecidos, según publicó el diario Reforma el 28 de agosto.

José Norméndez insistió por tercera ocasión y Patricio Martínez trató de irse de la rueda de prensa sin responder a la pregunta, entonces los guardaespaldas comenzaron a empujar a los reporteros. En ese momento, el jefe de la escolta empujó al reportero con tal fuerza que lo hizo caer de espalda sobre el suelo.

De inmediato, los guardaespaldas rodearon al gobernador de Chihuahua y lo sacaron del Centro de Convenciones, para evitar que otros periodistas se le acercaran, y lo subieron a una Suburban blanca.

El jefe de seguridad, quien se negó a decir su nombre cuando un reportero se lo preguntó, dijo burlonamente a los presentes que a él no le podían hacer nada si golpeaba a un periodista.
-Mejor dime: ¿Quién eres tú para preguntarme mi nombre? -respondió retador, junto a la puerta del copiloto del vehículo. El gobernador de Chihuahua solamente observaba.
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En otro caso, el domingo 20 de octubre, integrantes de la escolta del gobernador Patricio Martínez golpearon al reportero David Durán, del Grupo Radio Divertida, a quien además despojaron de su grabadora.

En la corrida, realizada en la Plaza de Toros “La Esperanza” de la Ciudad de Chihuahua, el matador Pablo Hermoso de Mendoza ofreció un toro al gobernador Patricio Martínez. En respuesta, como en otros eventos, los asistentes lanzaron rechiflas y gritos de repudio en contra del mandatario.

Los guardaespaldas se dirigieron a un grupo de personas donde se escucharon los primeros gritos obscenos en contra del gobernador y se llevaron a uno de ellos arrastrándolo, mientras otros asistentes pedían auxilio. El equipo de seguridad aprovechó para liarse a golpes con otros asistentes, incluyendo a mujeres y niños, de acuerdo a testigos y a distintas versiones difundidas por las estaciones locales de radio.

El reportero y cronista deportivo David Durán se acercó a investigar los hechos y preguntó qué sucedía a uno de los hombres que decían ser agentes de la Policía Judicial del Estado. En respuesta, uno de ellos lo derribó a golpes y aprovechó para quitarle la grabadora y el casete donde grababa el incidente.

En el suelo, el reportero fue agredido a patadas. El supuesto agente lo amenazó con arrestarlo, pero el cronista logró zafarse y correr hasta ponerse a salvo.

En la trifulca, fueron detenidos Saúl Rubén García Rodríguez y Gerardo Meza Borunda, quienes se presentaron el martes 22 de octubre con integrantes del Grupo Parlamentario del PAN en el Congreso del Estado para denunciar las agresiones recibidas.

Por su parte, el subprocurador Jesús Antonio Piñón Jiménez, declaró que no se trata de un caso de abuso de autoridad, sino de tres personas en completo estado de ebriedad que insultaban “a todo mundo”, faltándole al respeto a las familias que en ese momento disfrutaban de la corrida de toros, por lo cual le llamaron la atención agentes de la Policía Judicial del Estado.

Según el funcionario, las víctimas de la agresión en realidad son los guardaespaldas. Óscar Sandoval Ramírez, agente de la Judicial del Estado supuestamente fue agredido y presenta lesiones que tardan más de 15 días en sanar y pueden dejar secuelas o consecuencias médico legales.

Y así exoneró de cualquier responsabilidad al equipo de seguridad del gobernador.