El veto de Canal Satélite Digital le costará al Gobierno 26 millones de euros

Tras seis años de batalla, Jesús de Polanco se puede dar por satisfecho. El Tribunal Supremo ha dictaminado que el Gobierno ha actuado libremente, sin respetar las libertades fundamentales establecidas por el ordenamiento comunitario, como la libertad de circulación de mercancías y de prestación de servicios.
El 18 de diciembre de 1998, el Consejo de Ministros acordó la imposición de un determinado sistema de codificación, sin contemplar la configuración 'simulcript', utilizada por Canal Satélite Digital. Paradójicamente, la normativa del gobierno favorecía el uso de la configuración 'multicrypt, qué coincidencia, la misma que empleaba Vía Digital, perteneciente a Telefónica, operadora al servicio del Gobierno en los tiempos de Vilallonga.
La justicia ha considerado que la restricción del Gobierno creó una situación de incertidumbre jurídica, que retrasó la comercialización de Canal Satélite Digital en los grandes centros comerciales. Tal demora, le costo a la plataforma la pérdida de 26.193 abonados.
Sin embargo, el tribunal no ha contemplado los gastos que Sogecable reclama por haberse visto obligado a emitir desde Luxemburgo, pérdidas cifradas en más de cien millones de euros.
El Supremo entiende que la emisión desde ese país fue una decisión independiente a la entrada en vigor del acuerdo del Gobierno.