Se reabre el debate sobre las cámaras ocultas

Muchos son los que consideran que la elaboración de reportajes con cámara oculta es ilícita, en tanto en cuanto "raya en la intromisión en la intimidad y la privacidad de las personas, aunque es dudoso que los tribunales así lo entiendan con la jurisprudencia que tenemos al respecto", como afirma José Miguel Serrano Ruiz-Calderón, vicedecano de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid y profesor de Filosofía del Derecho.
En este sentido, los profesionales acuden a la Ley de Protección del Derecho al Honor, a la Intimidad y a la Propia Imagen, que permite que las personas que ejercen un cargo público o una profesión de notoriedad o proyección pública sean captadas por cualquier medio "siempre que la imagen se capte en un lugar público o en lugares abiertos al público" y teniendo en cuenta que exista un interés público en la captación de dichas imágenes. Sin embargo, en el caso de filmación y emisión de conversaciones privadas parece que los expertos coinciden en que se trata de intromisiones ilegítimas en la privacidad e intimidad del personaje.
Esta circunstancia provoca que la legitimidad o no de este tipo de prácticas quede sometida a la interpretación que los jueces realicen de una ley que, hasta el momento, resulta para muchos poco restrictiva.